
En su rechazo, la magistrada del fuero comercial citó los artículos 1 y 3 de la ley, que establecen que la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel para diario es un asunto "de interés público" y no privado.
O'Reilly también recordó que el artículo 10 fija que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y que una vez agotada la vía administrativa, el recurso judicial se realizará directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
La presentación había sido formulada por los directores privados de Papel Prensa, entre ellos el presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Aguirre Saravia, que dio carátula a la causa.
Los directores de Papel Prensa por los dos accionistas privados (Clarín y La Nación, el tercero es el Estado argentino) adujeron que se trataba de una demanda comercial por cuanto la normal votada por el Parlamento provocaría el quebranto de la compañía y atentaría contra la correcta gestión de la empresa que la ley de sociedades impone a los administradores.
Según fuentes judiciales, la movida de los dos diarios, que históricamente se hicieron del papel a precio preferencial, buscaba "evitar la aplicación de la ley 26.736" que establece taxativamente la competencia del fuero Contencioso Administrativo, donde se deben ventilar las disputas contra el Estado.
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