
Aunque el aborto está prohibido por ley en la Argentina, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, según cifras oficiales se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.
Amnistía Internacional, por su parte, consideró positivo el inicio del debate y aseguró que es "necesario poner fin a los abortos practicados en situaciones de riesgo". El organismo de derechos humanos envió una carta a la Cámara de Diputados en la cual sostuvo que "la penalización del aborto genera que las mujeres y niñas recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro poniendo en peligro su salud y hasta su vida".
Amnistía estimó que es "inaceptable que el Estado las obligue a continuar con un embarazo consecuencia de una violación", y enfatizó que "la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia".
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