Según adelantó ayer el diputado Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal, en la reunión serían puestos en consideración la propuesta de la Campaña y un proyecto de su autoría, que se limitaba a reglamentar la atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal desde 1921. Las otras iniciativas en danza –cuatro más, precisó Vega– son complementarias de esas dos.
Aunque el aborto está prohibido por ley en la Argentina, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, según cifras oficiales se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.
Amnistía Internacional, por su parte, consideró positivo el inicio del debate y aseguró que es "necesario poner fin a los abortos practicados en situaciones de riesgo". El organismo de derechos humanos envió una carta a la Cámara de Diputados en la cual sostuvo que "la penalización del aborto genera que las mujeres y niñas recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro poniendo en peligro su salud y hasta su vida".
Amnistía estimó que es "inaceptable que el Estado las obligue a continuar con un embarazo consecuencia de una violación", y enfatizó que "la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia".
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