A una contraseña de distancia de todos los secretos

Por Jimena Blizniuk

María Remedios del Valle, la Madre de la Patria

A los 60 años, esta heroína negra era una indigente que vendía pastelitos. El país había olvidado que fue la única mujer admitida por Belgrano en su ejército y que le había conferido el grado de capitana por su arrojo y valor. La Argentina tiene un padre. O hasta dos: San Martín y Belgrano. Pero también tiene una madre, María Remedios del Valle. Una madre ausente, ignorada, gracias a la burocracia política y a plumas como las de Bartolomé Mitre, que no podían permitir que una mujer reuniera la condición de madre y soldado, heroína y negra, benemérita y pobre, todo a la vez.

María Remedios del Valle no sabía nada de Mitre cuando, durante las invasiones inglesas, decidió guardar las mochilas de los soldados del Cuerpo de Andaluces que necesitaban aligerar la marcha hacia los Corrales de Miserere (hoy Plaza Miserere, en el Once). Tampoco el 6 de julio de 1810 cuando se sumó, junto a su marido y sus dos hijos, a las filas del Ejército Auxiliar del Norte, donde hizo cuanto pudo y le dejaron. Era mujer entre hombres y, aún más raro, con la piel más negra que la noche.

El 23 de septiembre de 1812, en la víspera de la batalla de Tucumanas, se presentó ante Belgrano y le suplicó que la dejara asistir a los heridos que se amontonaban en las primeras líneas. Belgrano se negó: el campo de batalla no era cosa de mujeres. No tuvo en cuenta que la rabia de la libertad no sabe de géneros. Remedios del Valle actuó en la retaguardia desafiando las órdenes del general. Pronto se convirtió en leyenda entre la tropa, que comenzó a llamarla la Madre de la Patria. Belgrano terminó cediendo: fue la única mujer admitida en su milicia.

María Remedios perdió a su marido y a sus hijos bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Tras la derrota, cayó en manos españolas. Tenía seis heridas de bala en su cuerpo y fue azotada en público durante nueve días. Cada azote abría una rajadura hasta el hueso, por donde avanzaba un ejército invisible de gérmenes y bacterias. Infecciones que, al final, ahorraban munición a los realistas.

Sobrevivió al castigo y burló el cerco, para volver a pelear, aun cuando no eran tiempos para que las mujeres se les atrevieran a las armas. Hace 200 años era noticia que un grupo de mujeres se animara a donar fusiles y no a empuñarlos. La Gazeta de Buenos Aires reseñó esos casos de mujeres pudientes, "nobles y bellas (...) que no pueden desempeñar las funciones duras y ásperas de la guerra (...) No pueden desplegar su patriotismo con el esplendor que los héroes en el campo de batalla".

Por eso "desahogaban su patriotismo" comprando fusiles y suplicaban "que manden grabar su nombre en el fusil que costean". Eso pidieron Mariquita Sánchez de Thompson, Carmen Quintanilla de Alvear y otras mujeres paquetas, cuyas historias perduran hasta nuestros días: que las hicieran trascender en una chapa grabada. Ni consideraban la posibilidad de pisar el campo de batalla. María Remedios del Valle, sí.

Cuando la revolución triunfó, no se supo más nada de ella. Era apenas un mito. Un mito andrajoso, encorvado y mendicante, envuelto en un manto de payetón pardusco, que ofrecía pastelitos en la Recova (hoy Plaza de Mayo), pobre de toda pobreza, con 60 años y más arrugas de las que pudiera contar.

En ese preciso momento fue reconocida por el general Juan José Viamonte. "¡Pero si es la Capitana, la Madre de la Patria!", exclamó el diputado sin creer lo que veía y la instó a que presentara un pedido de pensión para dejar de mendigar.

María Remedios presentó su pedido. El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires lo trataron. Según se lee en las actas de la sesión, la llamaron "una heroína", "una infeliz que si no fuese por su condición (pobre) se habría hecho célebre en todo el mundo", "una mujer de mérito que no merece que olviden sus servicios". Pero se olvidaron durante nueve meses, porque la Historia es demasiado hombre para contar a las mujeres. Recién el 18 de julio de 1828 volvieron a trabajar sobre el pedido. Esa noche Viamonte explicó que la mujer era conocida "por el primer oficial hasta el primer General (...) la he visto entre filas de soldados, curar a los heridos y tomar el fusil y ser víctima". Tomás Anchorena aseguró: "Es una mujer singular (...) no había acción, en que ella pudiera tomar parte, que no la tomase, y en unos términos que podría ponerse en competencia con el soldado más valiente (...). El título de Capitana del Ejército se lo dio el General Belgrano (...) y lo oí ponderar su oficiosidad y esmero".

Finalmente, los diputados votaron el otorgamiento de una pensión de $ 30, desde el mismo día que María Remedios la había pedido. Para tener una idea de la escasa generosidad para con una heroína revolucionaria, vale precisar que una lavandera ganaba 20 pesos, mientras que el gobernador cobraba $ 666. La libra de aceite rondaba $ 1,45, la de carne $ 2 y la de yerba $ 0,70. A María Remedios le otorgaron un peso por día.

Un diputado quiso ir más allá de la pensión y pidió que "se forme y componga una biografía y que se haga un monumento". Fue demasiado. "Esto es materia de un proyecto de decreto y debe presentare en forma conforme al reglamento", le respondieron. Por no violar el reglamento de la Honorable Sala de Representantes, hoy no existe la biografía oficial de María Remedios del Valle. Tampoco el monumento. Apenas dos calles, una en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Avellaneda, y otra en Mar del Plata; una escuela en Villa Soldati y otra en el partido bonaerense de Azul; una escuela municipal de Enfermería y una Casa de la Mujer en San Isidro.

Murió sola el 8 de noviembre de 1847, después de haberse cambiado el nombre por el de Remedios Rosas, en reconocimiento al gobernador Juan Manuel de Rosas, quien la había ascendido a Sargento Mayor, en 1829. La Argentina sigue con sus dos padres. De la "Madre de la Patria" no hay siquiera un retrato. Ni una ilustración.

Por nuestra parte agregariamos a esta biografía que María REMEDIOS DEL VALLE fue víctima de una triple discriminación; POR SER PUEBLO, POR SER MUJER Y POR SER NEGRA.

Un espacio para el cine de autor

TELEVISION › EUROPA EUROPA EMITE FILMS INEDITOS DE DANNY BOYLE Y DE GODARD

Del realizador de Trainspotting se verá El vendedor del año, un telefilm realizado para la BBC en 2001, después de un doble fracaso en Hollywood. De Godard es Hélas pour moi, su asociación con Gérard Depardieu, literalmente traducida aquí como Ay de mí.

Por Horacio Bernades

Adiós volcán: carta de Almódovar a Chavela

Lee aquí la carta completa que escribió Pedro Almodóvar tras la muerte de la intérprete mexicana, Chavela Vargas.

Con profundo significado, los pueblos originarios celebran el Día de la Pachamama

Marta Gordillo

Las comunidades originarias del norte argentino celebran el 1º de agosto el Día de la Pachamama, con un hondo significado que parte de respetar la naturaleza, a la madre tierra como dadora de vida y fundamento de existencia material y espiritual.

Permiso a 41 boliches o burdeles encubiertos

Desde hace un año, el organismo que investiga la trata de personas advirtió al gobierno de Mauricio Macri que mantiene la habilitación a locales en donde se ejerce la prostitución, según Prefectura y Gendarmería.

Los boliches están habilitados como whiskerías, casas de lunch, cervecerías y otras coberturas.

Por Mariana Carbajal

El gobierno de Mauricio Macri avala el funcionamiento de burdeles en la Ciudad de Buenos Aires y se niega a cerrarlos, a pesar de que fue advertido de su funcionamiento por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que depende de la Procuración General de la Nación. La Ufase le viene pidiendo desde hace más de un año que revoque la habilitación y clausure alrededor de cuarenta locales que tienen permisos para funcionar como “whiskería”, “boliche bailable”, “cervecería”, “casa de lunch”, “cantina” o “restaurante”, pero que en realidad son “verdaderos prostíbulos”, donde se verificó que había explotación sexual de mujeres, de acuerdo con una pesquisa realizada por el organismo, que derivó luego en una megacausa judicial que tiene en sus manos la jueza federal Romilda Servini de Cubría y que investiga la presunta protección a proxenetas desde 12 comisarías de la Policía Federal (ver aparte). Sin embargo, el gobierno porteño rechazó el planteo: la Agencia Gubernamental de Control alegó en una nota a la Ufase –a la que tuvo acceso Página/12– que inspeccionó los locales involucrados en el requerimiento y no encontró infracciones para cerrarlos, aunque tanto Gendarmería como Prefectura corroboraron que se trata de prostíbulos, según figura en el expediente judicial. Además sostuvo que hasta que no finalice la causa penal, no puede actuar. Desde la Ufase, su titular, el fiscal Marcelo Colombo, le replicó al gobierno porteño, en carta dirigida a Macri y fechada el 26 de abril, que supeditar la clausura al avance de un caso penal “consagraría una abierta renuncia a ejercer autónomamente su poder de policía, control y sanción sobre un régimen cuya administración le compete entera y exclusivamente”, y que los fundamentos que esgrime para no actuar constituyen “una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma administrativa “que prevea la sentencia definitiva como requisito para la aplicación de la sanción administrativa”.

En la investigación sobre el delito de trata de personas en el ámbito porteño que inició hace más de un año y medio, la Ufase detectó que en 41 locales habilitados por la Ciudad se registraba en realidad actividad prostibularia. Con esa información hizo una denuncia ante la Justicia, que recayó en el Juzgado Federal Nº 1. El primer pedido al gobierno porteño para que quite las habilitaciones tramitadas para esos locales fue enviado por Colombo el 16 de junio de 2011. En ese oficio –al que accedió este diario– le solicitó a Macri que evalúe “a través del área que corresponda la posibilidad de revocar la habilitación, decretar la inhabilitación, etc., de los locales investigados en la Investigación Preliminar 124/09, cuya denuncia en copia se adjunta al presente, atento a que los elementos colectados en la pesquisa dan cuenta de que en dichos locales funcionan como comercios lícitos bajo eufemismos como ‘whiskerías, bares, etc.’, cuando en realidad constituyen verdaderos prostíbulos, es decir, emprendimientos que comercian con la prostitución ajena o, lo que es lo mismo, comercios con un claro objeto ilícito”.

Los 41 burdeles fueron identificados con nombre y dirección. Como parte de la pesquisa de la Ufase –que derivó en la causa penal que tiene a cargo Servini de Cubría–, efectivos de Prefectura y Gendarmería comprobaron en diversos procedimientos que en esos lugares había explotación de mujeres que ejercían la prostitución.

En el oficio, que fue recibido por el gobierno porteño el 21 de junio de 2011, Colombo le explicó a Macri que la actividad desarrollada en esos locales no constituye un “exceso de rubro” sino que se trata de actividades esencialmente opuestas a lo previsto en el artículo 17 de la Ley nacional 12.331 –que prohíbe los prostíbulos en la Argentina– y a compromisos internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Prostitución Ajena (artículo 1º) y la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer (artículo 6).

Luego de tomarse alrededor de nueve meses para contestar, el gobierno porteño envió el 19 de marzo de 2012 su respuesta a la Ufase desde la Agencia Gubernamental de Control. En esa nota –firmada por la Dra. Alejandra Helfensten, del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos– se señala que los locales involucrados en el pedido de la Ufase fueron inspeccionados por la Dirección General de Fiscalización y Control, y en esos procedimientos se labraron algunas actas. “La lectura de éstas permite considerar que las faltas plasmadas en las piezas mencionadas carecen de la entidad necesaria para proceder como se solicita.” Es decir, evalúan en la Ufase, claramente los controles fueron deficientes, porque los inspectores no vieron lo que Gendarmería y Prefectura sí: que eran prostíbulos. En ninguno se reparó en lo único y esencialmente importante: si la actividad “real” llevada a cabo en el local era compatible con la actividad habilitada.

Desde la Ufase, el fiscal Colombo insistió con el pedido el 26 de abril último, en otra carta enviada a Macri, con copia al procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, donde replicó que el fundamento que esgrime la Ciudad para fundar su “inacción” es “una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma administrativa “que prevea la sentencia definitiva como requisito de la aplicación de la sanción administrativa” y, además, porque la investigación penal “tiene como fin establecer si los titulares del local” cometieron el delito de trata de mujeres para explotarlas sexualmente o si esas mismas personas eran regentes o administradores de un prostíbulo. “El proceso administrativo, por otro lado, debe buscar saber quién pidió y obtuvo una habilitación para de-sarrollar un quiosco, un boliche bailable o una panadería y luego la convirtió en un prostíbulo. Dos mundos diferentes en los que incluso los sujetos pasibles de sanción podrían no ser las mismas personas”, le explicó Colombo a Macri. Además le detalló que las responsabilidades a establecer en esos dos tipos de proceso –el judicial y el administrativo– son totalmente distintas. “En el derecho administrativo sancionatorio, frente a cualquier ilicitud, la responsabilidad objetiva o por culpa resulta de por sí suficiente para la determinación de la sanción. Para el caso planteado aquí sería suficiente que en sede administrativa se estableciera que A habilitó un lugar que luego devino en prostíbulo, sin resultar de importancia si así lo quiso o eso sucedió por su falta de control, o por negligencia. La objetiva constatación basta para sancionarlo con la revocación del acto administrativo de habilitación. Contrariamente, en sede penal será imprescindible probar que el autor actuó con dolo tanto del delito de trata de personas como del regenteo de un prostíbulo (artículos 145 bis y ter del Código Penal y 17 de la ley 12.331)”, sigue la nota enviada al jefe de Gobierno por el titular de la Ufase.

Entre las constancias probatorias para afirmar que en los lugares públicos enumerados habilitados para otros propósitos en realidad funcionan prostíbulos, la Ufase menciona inspecciones de fuerzas de seguridad federal, publicaciones en la vía pública, comentarios de usuarios en distintos foros de Internet en los que se hace referencia a la actividad allí desarrollada. “Se invitó a la Agencia de Control, para el caso de que lo considerasen necesario, a acudir al expediente judicial en trámite para tomar vista de esas pruebas y de otras agregadas al sumario judicial, y así comprobar el punto por sí mismos”, le detalló Colombo a Macri. Además le explicó que el fundamento de la petición de retiro de habilitaciones y clausuras de los locales identificados “es sencillo y radica en que la actividad prostibularia se encuentra prohibida en nuestro país por normas supranacionales y nacionales”. “Es decir que la actividad ‘real’ constatada en aquellos lugares nocturnos habilitados ‘legalmente’ para otros propósitos –abunda Colombo– es ilegal en dos direcciones: a) porque hace uso de una habilitación legal cuyo objeto real es distinto del cual se otorgó en el permiso; y b) en cuanto ese uso distinto está además prohibido por el ordenamiento jurídico argentino por ser campo propicio a la trata de mujeres”.

Colombo incluso le expresó su preocupación a Macri por el hecho de que los locales denunciados por la Ufase fueron inspeccionados en promedio tres veces cada uno por el gobierno porteño, “y en ninguna de esas oportunidades esos controles habían funcionado como alarma”.

Ni el jefe de Gobierno ni el procurador general de la Ciudad respondieron todavía el segundo pedido de cierre de los prostíbulos.

Comenzó el primer juicio contra sojeros cordobeses.

En el país jamás se había llevado a los tribunales a responsables de fumigar con tóxicos que producen que el 33% de la zona tenga tumores y patologías mortales. Esta vez, se abre una posibilidad histórica para la lucha de los medioambientalístas contra los abusos de los que ganan y hacen negocios envenenando a la población que rodea sus cultivos.

Después de 12 años de lucha, para la Ecología en nuestro país es un día histórico: están en el baquillo de los acusados los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra y el piloto Edgardo Jorge Pancello. Para el fiscal son los responsables de fumigar con agroquímicos el Barrio Ituzaingó.

Se estima que el proceso se extenderá hasta el 20 de junio. Los jueces son Lorenzo Rodríguez (presidente), Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno. Debido a que se trata de un caso inédito en el país, durante el fin de semana comenzaron a llegar contingentes de ambientalistas de distintas partes del país e incluso de otros lugares del continente a la capital de Córdoba.

En las afueras de Tribunales II se manifiestan integrantes del colectivo Paren de Fumigar y otras organizaciones ambientalistas. Tenían previsto montar una carpa en las adyacencias de las escalinatas, pero el vallado policial no se los permitió.

El querellante fue el primer testigo Medardo Ávila Vázquez, el ex secretario de Salud municipal de Córdoba. Ávila Vázquez es uno de los denunciantes de este juicio., es integrante de Médicos de Pueblos Fumigados y Sofía Gatica, una de lasMadres de Ituzaingó, es la otra.

En esta causa sólo se investiga la fumigación en el barrio pese a las normativas municipales, provinciales y nacionales. En cambio, la investigación sobre las enfermedades y la contaminación que habría surgido de tres fuentes (el agua con arsénico; las fumigaciones conagroquímicos; y los transformadores de Epec) recién está en etapa de instrucción

Antes de la lectura de la acusación, llamó la atención de la recusación que hicieron los defensores de Ávila Vázquez, bajo el argumento de que no es más secretario de Salud, por no representar supuestamente a los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo, no ser vecino de Córdoba y porque podría ser eventualmente imputado en la causa madre que aún se tramita en la etapa penal preparatoria.

El planteo fue realizado por el defensor de Parra, Juan Manuel Aráoz, pero apoyado por Carlos Hairabedián, Sebastián Becerra (Gabrielli) y Alejandro Pérez Moreno (Pancello).

El fiscal de Cámara Marcelo Novillo Corvalán rechazó de plano la solicitud por considerarla extemporánea, indicando que deberían haberlo hecho antes del juicio, entre otros argumentos. A su turno, el instructor Carlos Matheu explicó que Ávila Vázquez no puede ser imputado porque no era funcionario municipal al momento de los hechos. Finalmente, la Cámara rechazó el pedido por extemporáneo (no se formuló durante la instrucción) y se comenzó a leer la acusación.

En el banquillo de los acusados están los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra y el piloto Edgardo Jorge Pancello. Los defensores de los imputados niegan los hechos y sostienen que no hay pruebas para condenarlos 

Al menos tres semanas. Se estima que el proceso se extenderá desde hoy hasta el 20 de junio. Los jueces son Lorenzo Rodríguez (presidente), Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno.

Debido a que se trata de un caso inédito en el país, durante el fin de semana comenzaron a llegar contingentes de ambientalistas de distintas partes del país e incluso de otros lugares del continente.

La lucha de las Madres de Ituzaingó

Una de las querrellantes es Sofía, quien encabeza la lucha de las Madres de Ituzaingó: ”Son 12 años de pelea, de lucha, de hacernos escuchar y ahora se hace el primer juicio. Un juicio que va a crear un precedente para toda la Argentina y van a defender los derechos de muchas personas”, dijo.

“Hay muchísima gente enferma, muchos chiquitos con malformación y leucemia y tumor en la cabeza mucha gente”, dijo.

Doce años tuvo que esperar para llegar a los tribunales Sofía: “El primer informe lo hace el (ex) ministro (de salud de De la Sota) Roberto Chuit, que dice que no pasa nada. En el 2005 se hace un nuevo informe que lo hace la Municipalidad y dice que el barrio es inhabitable. En el 2007 como no se cree, lo hace la Organización Panamericana de la Salud y dice que el barrio está contaminado”, explicó. A fines del 2011 un informe sostiene que el 33% de la población de barrio Ituzaingó muere por tumores.

Expectativas del juicio “histórico” 

Desde la asociación “Paren de Fumigar” de Córdoba tienen muchas expectativas sobre el juicio que comenzó contra dos productores sojeros y un fumigador por contaminar con agrotóxicos a la pobladores del Barrio Ituzaingó, en la periferia de la capital provincial.

Una de sus integrantes, Laura Galo, dijo que el proceso tiene “una importancia tremenda para nosotros porque llegar a la instancia de un juicio penal fue muy duro”. Por eso dijo que hoy “es un día histórico para Latinoamérica porque es la primera vez que el uso de agrotóxicos es considerado un delito penal”.

Galo afirmó que ésta es “una lucha del poder popular contra el poder económico” y que el Barrio Ituzaingó fue directamente afectado por el uso de productos no autorizados durante varios años. Consignó que hay un “número alarmante” de enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos, como leucemias; malformaciones, alergias pulmonares y en la piel y cánceres.

Fuente: ArteargentinA